EDUARDO MONSALVE MUÑOZ  Personero Municipal de Armenia (Encargado)

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El origen de la personería como institución encargada de salvaguardar los intereses de una comunidad, es bien incierto. Lo que sí es bien sabido, es que de manera embrionaria, y asumiendo diferentes facetas, se le encuentra casi desde el mismo momento en que la humanidad tuvo necesidad de organizarse en forma de un aparato coercitivo que salvaguardara determinados intereses de una sociedad dividida por sus condiciones de vida económica.

En la Roma Imperial, se le conocieron varias instituciones, en las cuales encontramos los rasgos característicos de las personerías. Los curiosi eran inspectores imperiales, que no tenían funciones judiciales, y que se encargaban de vigilar el adecuado cumplimiento de las normas y decretos del emperador, aunque sus atribuciones las compartían en algunos casos con los obispos. Aunque si bien los curiosi desempeñaban algunas funciones que en algo tienen que ver con las personerías, es indudable que la que más se acercó fue la del defensor civitatis, que como su nombre lo indica, debía defender a los ciudadanos, quienes, al igual que otros empleados públicos, cumplían con la misión especial de denunciar a los delincuentes reemplazando a la víctima.

Durante la edad media, -época caracterizada por la atomización del poder y el autoritarismo monárquico religioso-, se conocieron las personerías, aunque con funciones en esencia fiscales y lo tangencialmente como defensora del pueblo o como parte de los procesos penales. No hay certeza sobre en qué país tuvo su real origen, pero se afirma que fue en Francia, pues justamente allí fue donde más pronto se desarrolló el poder inquisitivo. Así, mediante ordenanza del 23 de mayo de 1.302 se crearon los “procuradores del rey”, que se llamaron “los sindice o ministeriales”, quienes tenían por función denunciar los delitos ante los jueces.

En España, se conocieron los fiscales nombrados para los tribunales de la inquisición y los patronos del fisco creados por la ley de las siete partidas de 1348 del Rey Alfonso el Sabio, quienes tenían por labor “razonar y defender sin derecho los pleitos y cámaras de los pobres cuando fueren nombrados por ellos”. Igualmente también existió un procurador adscrito que tenía como misión denuncias los delitos contra la administración pública y de justicia y representar a la sociedad en las causas criminales. También se conocieron en Venecia dos funcionarios, uno llamado abogado fiscal, al que le correspondía acusar los delitos, cuidar la ejecución de las penas y mantener la jurisdicción real; y otro, denominado abogado patrimonial, que tenía como tarea proteger el patrimonio real y el erario. Por estas dos figuras es que insisten algunos tratadistas, en que fue en Italia en donde tuvo origen otra institución similar: El Ministerio Público.

Durante la colonia se trasladaron a los territorios americanos innumerables instituciones de origen real, entre ellas el procurador del cabildo, noble funcionario encargado de defender los derechos ciudadanos y los intereses de la ciudad. En la naciente Republica, hacia el año 1825, por Ley del 11 de marzo de 1825, al reglamentarse la organización de las municipalidades, se incluyó al procurador municipal como funcionario encargado de representar los intereses municipales, y en 1830 la Ley Orgánica del Ministerio Publico en su artículo 2º dispuso que los síndicos personeros del común formaran parte del ministerio público. Por ley 3ª de junio de 1848 se estableció que el presidente del concejo municipal ejerciera las funciones de personero, y en 1850, por la Ley del 22 de junio, se asignó el nombramiento y remoción de los personeros a los concejos municipales y se autorizó su concurrencia a las sesiones del cabildo con voz pero sin voto.

El acto legislativo No. 03 de 1910 dio a las asambleas departamentales la facultad de presentar ternas para el nombramiento de los fiscales de los tribunales y juzgados superiores, y a los concejos municipales la de nombrar a jueces, personeros y tesoreros municipales. Pero fue la Ley 4ª de 1913 la que definitivamente consagró la función de los concejos municipales de nombrar a los personeros y además estableció cuales eran sus funciones.

Luego, una serie de normas reiteraron algunas atribuciones a las personerías, por ejemplo, el personero ya no es el representante legal del municipio, atribución que paso al alcalde y en un momento, se llegó hasta el extremo de plantear la desaparición de dicha institución cuando se discutió el inexequible acto legislativo No. 1 de 1979.

La Ley 11 de 1986 revitalizó algunos aspectos de este órgano del gobierno municipal al instituirlo como defensor del pueblo o veedor ciudadano y al concretar sus funciones como agente del Ministerio Público y fijar unos requisitos mínimos para desempeñar el cargo, y la Ley 3 de 1990, amplió el periodo a dos años y complementó sus funciones como defensor del pueblo y de los Derechos Humanos. Luego, la Ley 136 de 1994 además de desordenar el panorama normativo de las personerías , les amplió su periodo a tres años, hizo más directa su dependencia del Ministerio Público, prohibió la reelección del Personero y definió su régimen salarial.

En la actualidad, por medio de la ley 1031 del 22 de junio de 2006, fue ampliado el periodo de los personeros municipales a cuatro años. Este repaso histórico acerca de la institución no tiene otro sentido que el de revelar su trascendencia, pues resulta indudable que el personero ha sido por muchos años el guardián de los supremos valores de la sociedad. El personero municipal, como representante del pueblo y fiscalizador de la gestión administrativa en el nivel local, debe cumplir grandes responsabilidades y en el transcurso de los próximos años, su eficiencia desempeño va a ser de vital importancia no solo como garantía de la eficiencia municipal y del proceso de descentralización, sino también como gestor de nuevos procesos sociales que involucren la modernización del estado y eliminen las situaciones de injusticias y privilegios que agobian a nuestra población y que limitan la plena vigencia de los derechos humanos.

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